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El aborto será el tema protagónico del debate público de esta semana en Colombia, a propósito de las decisiones que deberá tomar la Corte Constitucional en relación con la revisión de la tutela en que una jueza le ordenó al sistema de salud practicar el feticidio de una criatura de 26 semanas de gestación.

La jueza dio un plazo de 24 horas para su ejecución, y efectivamente se cumplió. En enero de este año, la bebé que nacería al cabo de unas pocas semanas, fue eliminada en el vientre de su madre.

Lo único de la sentencia que no se cumplió estrictamente, fue el método con que deberían cegar la vida de la víctima. La jueza ordenó la aspiración al vacío del útero, pero, por ser un procedimiento impracticable después de la semana 12, fue entonces necesario inocular en el cuerpo de la bebé una sustancia mortal.

El aborto lo llevaron a cabo basados en diagnósticos médicos que planteaban que la niña venía afectada por un Síndrome de Morsier o displasia septo-óptica y eventualmente por la holoprosencefalia, dos enfermedades que podían provocar pérdida de la visión y discapacidades cognitivas, sicomotoras.

Se sabe que la Corte Constitucional despenalizó en 2006 el aborto bajo tres, y sólo tres, condiciones: una, cuando el embarazo proviene de una violación, incesto, inseminación artificial no consentida o implantación uterina de embrión sin consentimiento; dos, cuando las deformaciones del feto, comprobadas científicamente, lo imposibiliten para seguir viviendo; por último, cuando el embarazo ponga en serio peligro de muerte a la madre.

Ninguna de estas condiciones de cumplían en este caso. La Clínica Santa Fe, una de las más solventes desde el punto de vista científico, después de realizar una ecografía obstétrica, determinó que pese a confirmar los diagnósticos médicos, “los hallazgos presentes en el feto no son incompatibles con la vida”, razón por la cual se negó categóricamente a practicar el aborto.

Lo más increíble de todo, por no decir lo más criminal de todo, fue que la jueza sentenció a muerte a la niña como una medida cautelar –es decir provisional-, y sin haber fallado de fondo, es decir, sin haber investigado y decidido sobre si los requisitos establecidos por la Corte se cumplían o no.

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Este punto bien merece un “pare”, un paréntesis especial para la reflexión. Es un contrasentido absoluto ordenar practicar un aborto como medida cautelar o transitoria, cuando resulta evidente que un aborto es, por definición, irreversible. A nadie se le puede ocurrir restaurar un embarazo después de un aborto. Resulta tan absurdo como ordenar un fusilamiento o una decapitación, como medidas cautelares.

Después de haber matado a esa niña, ni la revisión de la Corte Constitucional favorable a su vida, podrá revivirla.

Y digo la niña, porque en nuestra familia vivimos la felicidad de un sobrino que por riesgos graves en la vida de su madre, fue urgente inducirle el parto a las 25 semanas de gestación, y hoy es un niño de diez años, feliz y brillante, cuya vida colma todos los anhelos de amor familiar y social.

Hasta donde tenemos conocimiento, lo que la ética y la ciencia médicas han practicado históricamente en casos como este, es la inducción del parto con el fin de hacer hasta lo imposible por salvar las dos vidas y nunca optar por el camino de matar al indefenso con el argumento de salvar a la mujer.

Puntualmente, la nueva polémica se enciende por causa de la reglamentación del tiempo máximo en el cual se permita realizar el aborto en las tres circunstancias despenalizadas. Fue por esto, por el tiempo prolongado de la gestación de la niña, que tres hospitales se negaron a hacerlo; razón por la cual la madre de 33 años decidió acudir a la acción de tutela.

Por filtraciones a la prensa, entendemos que la Magistrada Cristina Pardo propone la limitación del tiempo para abortar a un máximo de 24 semanas de gestación, con el argumento de que a partir de allí el feto adquiere su “viabilidad autónoma”. En el mismo proyecto de sentencia, afirma “La Constitución Política de Colombia reconoce la protección a la vida humana como una obligación del Estado desde el momento de la concepción hasta la muerte”.

¿Por qué, entonces, marcar en la semana 24 un énfasis distinto en la obligación del Estado de protección del derecho a la vida?

¿Qué tan “científico” resulta el concepto de “viabilidad autónoma” del feto a partir de la semana 24?

La ciencia bien puede determinar que la criatura está en capacidad de sobrevivir desligada del cordón umbilical y por fuera del útero materno a partir de la semana 24, sin que por ello resulte mecánicamente razonable que se la considere viable “autónomamente”.

¿Se puede reivindicar la “autonomía” de un bebé recién nacido o de uno de un año?

¿Será que la dependencia y, por lo tanto, la autonomía vital del ser humano están determinadas por el cordón umbilical y el útero materno exclusivamente?

Cuando vemos este tipo de planteamientos, entendemos la importancia de que los magistrados le pierdan el miedo a pensar, ahora sí, “autónomamente”.

Es urgente que su preocupación se centre en el respeto genuino a la Constitución, la Ley, los principios y los valores democráticos, y no sigan aterrándose por el “que dirán” de los medios de comunicación, de las feministas fundamentalistas, de las Dejusticias, y de toda esa pléyade de “progresistas políticamente correctos”.

Son los abortistas los que no tienen la razón ni la moral de su lado. No hay que caer presas de sus extorsiones ni de sus embustes.

¿De cuándo a acá convirtieron la muerte de los niños por nacer en un derecho de las mujeres?

¿De cuándo a acá el derecho a la vida que es preciso proteger desde la concepción hasta la muerte, tiene protecciones diferenciales, por parte del Estado, según el número de semanas de vida?

¿De cuándo a acá se perdió el carácter sagrado y preferente de los niños en nuestra sociedad y en nuestra Constitución?

Lo pregunto porque, gústeles o no a los “progresistas políticamente correctos”, lo que le ocurrió a esa niña, fue que la mataron por orden de una jueza de la República.

AGENDA: Este martes, a las 12:00 en punto del mediodía lo invitamos a participar, en vivo, en palabra.com.co con la Dra Ilva Miriam Hoyos, jurista, Exprocuradora de la familia, conferencista internacional, autora de libros, entre ellos, el concepto jurídico de persona

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