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Con bombos y platillos, el Fiscal General de la Nación y el jefe de la DIJIN nos dieron la magnífica noticia de su golpe a una de las redes internacionales más sofisticadas de prostitución infantil y comercio de mujeres.

“Operación Sodoma” fue el gran nombre que le escogieron a la tarea de rastreo que les llevó más de dos años y cuyos resultados aplaudimos los colombianos.

Uno de los crímenes que más nos indigna como nación es precisamente ese, que se dediquen a abusar sexualmente de nuestros niños y niñas, que se dediquen a ofrecer a nuestras mujeres como mercancía de atracción turística, que mancillen nuestra bandera usándola como marca para que cualquier imbécil sienta que un fajo de dólares le da derecho a venir a nuestro país a trabarse y a degenerarse como no lo hace en el suyo propio.

Luego, la noticia no podía ser mejor: desmantelada la banda internacional que operaba en Cartagena, Santa Marta, Medellín y Bogotá, con incautaciones para extinción de bienes por $ 140.000 millones y con la captura de ocho personas, siete de ellas, los “empresarios” extranjeros que dirigían la banda.

La buena noticia no tardó en tornarse en una más de las decepciones que nos provoca con demasiada frecuencia la justicia.

De los ocho detenidos, acusados por catorce delitos entre los que están homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, inducción a la prostitución, proxenetismo con menor de edad, estímulo a la prostitución de menores, turismo sexual, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, en menos de una semana de los bombos y los platillos de la noticia, siete disfrutan de la casa por cárcel y uno ya se encuentra en libertad.

¿Cómo pudo un juez otorgarles casa por cárcel y libertad a los traficantes sexuales de niños y mujeres, cómo pudo darles este tipo de beneficios a los sindicados de catorce delitos, gravísimos todos?

Con este hecho inmoral del juez, volvemos a ver a la justicia actuando entre el ridículo y la burla.

En ridículo, porque así quedaron el Fiscal General y los generales de la policía y todos los que trabajaron durante dos años, prácticamente para nada.

En burla, porque así, burlados, nos sentimos todos los colombianos que creímos que la lucha contra la prostitución, desde el Estado, tenía algo de serio.

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