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Sorprende leer “Choque de trenes en el gobierno”.

Un nuevo “confidencial” parece indicar que, según Semana, los fallos de la Corte Constitucional no se deciden en derecho, tal como debiera ocurrir a la luz de la Constitución, y que dicha conducta de la alta corte les parece muy normal.

Sorprende leer “Choque de trenes en el gobierno”.

Leámoslo y analicémoslo:

imagen choque de trenes texto

Este confidencial no tiene ni pies ni cabeza.

En estricto derecho y a la luz de la independencia de las ramas del poder público que rige nuestro ordenamiento institucional, la Corte Constitucional no puede, tan siquiera, sentirse aludida porque el presidente tome la decisión de objetar una ley, menos aún cuando lo haga por razones de inconveniencia, así ésta haya sido revisada previamente por la Corte Constitucional.

La revisión previa fue dada en este caso de la JEP en razón de que es una ley estatutaria, y está claro que la revisión de la Corte solo debió ser de constitucionalidad y jamás de conveniencia. La revisión de su conveniencia o inconveniencia es competencia, ahora, del Presidente de la República y está en su fuero objetarla o no.

Es tan lejana de la Corte Constitucional la figura de la objeción presidencial por razones de inconveniencia, que si el presidente tomara efectivamente la decisión de objetar la ley estatutaria de la JEP, el trámite siguiente consistiría en reenviarla al Congreso de la República para que sea éste quien tome la decisión definitiva.

Pero el confidencial no para allí.

Continúa advirtiendo que lo que se podría venir es “un choque de trenes” y que la moneda de venganza de la corte podría ser el hundimiento de la reforma tributaria y de las normas de fumigación de los cultivos de coca.

¿Es decir que la Corte puede fallar la aprobación o el hundimiento de una ley en función de la luna de miel o de las desavenencias que esté viviendo con el gobierno de turno?

¿O sea que debemos dar por sentada, como lo sugiere Semana, la práctica de que la Corte Constitucional pase por encima de la Constitución y termine fallando como le venga en gana, según sus amores y desamores o según sus caprichos ideológicos?

¿Sería prudente llegar, entonces, a sospechar que lo que la corte le hunda de ahora en adelante a Duque es por su hostilidad con el gobierno y que, por el contrario, todo lo que le aprobó a Santos lo hizo por las múltiples afinidades que los unían y no por los fundamentos constitucionales a los que debió sujetarse?

Conscientes del buen nivel profesional de los redactores de Semana, parece casi imposible pensar que este confidencial es el fruto de una simple ignorancia del funcionamiento básico del estado.

Más bien es de suponer que se trata de la intencionalidad de meterle miedo al presidente para que firme la ley de la JEP de Santos bajo la amenaza velada de que no se arriesgue a que le tumben las leyes clave para su gobernabilidad.

Esta vez, más que un confidencial de Semana, da la impresión de estar leyendo una notificación de intimidación.

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