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La cifras son escalofriantes por el dolor que anida en ellas y, por qué no decirlo, por el tamaño de la vergüenza que debiera darnos como sociedad.


En los últimos ocho años, 4.770 niños murieron en la Guajira por causas ligadas a la desnutrición: 596.25 por año, 1,63 por día, más de tres niños cada dos días.

Ya ni recordamos desde hace cuánto tiempo se repiten titulares de prensa, tal vez cada semana, tal vez cada mes, denunciando o dándose golpes de pecho. A veces gritan las directoras del ICBF, a veces las Cortes, a veces las ONGs.

Esta vez lo hizo la Corte Constitucional a través de su particular figura de declarar lo indecible como “Estado de cosas inconstitucional”. Se trata de cuando, ante la incapacidad del gobierno y del incumplimiento constante de las sentencias judiciales, la Corte decide apersonarse de los casos, también sin mostrar resultados.

En la última audiencia pública de la Corte Constitucional sobre el caso, hubo cuatro intervinientes que tuvieron una coincidencia que, hasta ahora, ha pasado inadvertida.

Los voceros de las comunidades wayúu, las omnipresentes ONGs, el procurador general y la Corte, coincidieron en que el responsable de todo es el Estado. El Estado en razón de la corrupción, el Estado en razón de su ineficacia, el Estado por el descalabro de sus políticas de salud y de agua potable, el Estado porque no les da qué comer.

Y es cierto, la corrupción y la incapacidad y la incoherencia y todo lo que sabemos, se multiplican por no sé cuánto en La Guajira.

Claro que al Estado le atañe una enorme cuota de responsabilidad por lo que no hace y por lo que, a veces, hace. Pero también, y grandemente, por lo que nunca hace que se haga.

Siempre, achacarle al Estado las culpas es lo más fácil, sobre todo cuando los hechos nos acompañan. Sin embargo, tampoco es justo dejar de responsabilizar, en lo que les corresponde, a las comunidades indígenas y a sus familias.

Como ahora estar en desacuerdo con los indígenas, o con las feministas, o con las ONGs, o con las ideologías LGBTI, significa estar por fuera de lo “políticamente correcto”, y nos caen encima los bombardeos de los progrefascistas, entonces todos se acobardan y nadie se atreve a exigir los deberes sin los cuales las comunidades y la vida misma son inviables.

¿Por qué no les preguntamos a los wayúus qué pasa con sus responsabilidades con las vidas de sus hijos?

¿Por qué no les preguntamos cómo han gastado los dineros que el Estado les ha enviado y que sus caciques han despilfarrado?

¿Por qué no les preguntamos qué piensan de la relación de su cultura con el alcohol?

¿Por qué no les preguntamos qué piensan de sus deberes con la comida de los hijos que engendran?

¿Será que todas las necesidades de nuestros hijos son responsabilidad del Estado?

Una política que sólo habla de los derechos y nunca de las obligaciones, también es politiquería.

Y de las peores!

Sobre este tema hablaremos este jueves a las 12:00 en punto del mediodía, en nuestro diálogo social en palabra.com.co.

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