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Desde una posición más política que jurídica, el procurador Fernando Carrillo decidió abanderar la tesis de “la cosa juzgada constitucional” para argumentar que el presidente Duque no podía objetar, por razones de conveniencia, la ley estatutaria de la JEP.


Tesis a todas luces incomprensible, en la medida en que le arrebataría al Presidente de la República, cualquiera que sea, la competencia constitucional de objetar toda ley estatutaria, a propósito de que estas siempre están sometidas al control previo de constitucionalidad.

La posición de Carrillo es más dudosa aún, si se tiene en cuenta que las razones que él mismo aduce contra las objeciones de Duque son, a su vez, de inconveniencia. No se entiende por qué el presidente, con fundamento constitucional, no pueda objetar una ley por razones de conveniencia, y el procurador, sin fundamento alguno, si pueda oponerse a la decisión del presidente porque le parece inconveniente.

Sin embargo, el procurador va más allá de las opiniones “jurídicas” para proponerle al presidente que convoque a un escenario de negociación política a los sectores políticos y mediáticos que giran alrededor de los acuerdos Santos-Farc y a aquellos que respaldan al gobierno en su decisión de generar rectificaciones a dichos acuerdos.

Al margen de la pertinencia o no de la propuesta, no deja de llamar la atención que su propuesta surja precisamente desde el cargo institucional más importante que ostenta alguien de las fuerzas políticas opositoras.

Los dirigentes nacionales y mediáticos más movilizados y hostiles contra la decisión de haber objetado la ley estatutaria de la JEP son los compañeros políticos de Carrillo y no cabe la menor duda de la intencionalidad política con que están encarando la controversia.

La actuación de Carrillo le da un posicionamiento significativo entre sus copartidarios y aliados, máxime cuando la juega desde una posición tan estratégica como la que desempeña.

Es más que comprensible que el procurador Carrillo pueda, en su interior, sentir deseos de ser candidato presidencial para el 2022, pero no es claro ni leal que comience a jugar sus tácticas desde ya, ni desde la Procuraduría General de la Nación.




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